Líbrame, oh Jehová, del hombre malo,
guárdame de hombres violentos,
los cuales maquinan males en el corazón,
cada día urden contiendas. Aguzaron
su lengua como la serpiente, veneno de
áspid hay debajo de sus labios.
Salmo 140
En 1993, cuando tenía 18 años, José Ernesto Medellín Rojas secuestró, violó y asesinó a Elizabeth Peña de 16 años y a Jennifer Ertman de 14. En 1994 fue sentenciado en el Estado de Texas a la pena de muerte por inyección letal.
En esa misma situación están otros 50 mexicanos, originarios de Michoacán, repartidos en una docena de Estados de la Unión Americana, principalmente California y Texas. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México intervino en el proceso y comprobó que cuando los mexicanos fueron arrestados no se les informó de su derecho a comunicarse y ser asistidos por oficiales consulares de México.
Después de haber agotado todas las instancias y procedimientos jurídicos, la cancillería mexicana llevó el caso a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Holanda, que en 2004 emitió una resolución que establece que Estados Unidos violó la Convención de Viena de 1963 al no informar a los delincuentes que sin demora tras su detención tenían derecho a comunicarse y ser asistidos por oficiales consulares mexicanos.
El presidente George W. Bush, quien durante sus años de gobernador de Texas (1995-2000), firmó 152 ejecuciones, respaldó la decisión de La Haya de que se había contravenido la Convención de Viena y ordenó a los Estados donde están encarcelados los mexicanos que acaten la decisión del tribunal internacional.
La Casa Blanca argumentó que no acatar el dictamen violaría su compromiso con leyes internacionales y perjudicaría la imagen de Estados Unidos en el mundo. Texas se rebeló a esta exhortación y llevó el caso a la Corte Suprema de EU que falló el 25 de marzo de 2008 estableciendo que el Estado de Texas no tiene que celebrar un nuevo juicio al mexicano José Ernesto Medellín Rojas, ratificando su condena a la pena capital.
Dictaminó que el presidente Bush no tiene autoridad para ordenar una nueva audiencia al preso mexicano. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de EU, John Roberts, argumenta que el dictamen de La Haya aplica a la justicia federal, pero no a los Estados de la Unión Americana. La Corte de Apelaciones Criminales de Texas falló a favor de las autoridades estatales y emitió un dictamen para invalidar la petición del presidente Bush.
La portavoz de la Casa Blanca, Dana Perino, dijo que el Gobierno de Bush “está decepcionado” con el resultado, pero lo acepta y lo acatará. Texas lleva la delantera en ejecuciones con 405 muertos por inyección letal desde que se instauró la pena de muerte en 1982.
Actualmente Medellín Rojas continúa con vida debido a las presiones de la cancillería mexicana y de otros países que forman parte de la ONU, y respaldan la resolución de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. El fallo de este órgano judicial de la ONU sienta una jurisprudencia internacional que debe ser cumplida como establece la Carta de las Naciones Unidas en su primera fracción del articulo 94: “Cada miembro de la ONU se compromete a cumplir la decisión de la Corte Internacional de Justicia en todo litigio en que sea parte”.
La sentencia de pena de muerte no se ha cumplido, porque ha prevalecido el principio de respeto a la vida, y el sentimiento de perdón en el género humano, que es más grande que todo el odio que se pudiera albergar por el dolor provocado por los delincuentes, sin embargo no por eso dejamos de pensar que en los delitos de estupro, violación, secuestro, asesinato, pederastia, narcotráfico, incesto de padres con hijos y robo de grandes sumas de dinero, no se debe tener clemencia y aplicar con firmeza el principio del Dios de Israel “ojo por ojo y diente por diente”.
Los sistemas judiciales de Estados Unidos y México son diferentes, y en cada uno prevalece el juicio, a través de sus órganos judiciales, hasta donde el pueblo así lo reclama. Aunque el caso de este mexicano está defendido por las vociferaciones internacionales, no por eso deja de ser culpable de secuestro, violación y asesinato.
Entendemos el clamor de las naciones, pero también compartimos el dolor de las familias afectadas, porque el criminal tiene conciencia de lo que está haciendo. No es el anhelo de los mexicanos la sentencia de pena de muerte, pero no por eso dejo de pensar que los criminales deben de ser juzgados con la espada de Jehová, el Dios de la justicia hebrea: “Y no te compadecerás: vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie”.
guárdame de hombres violentos,
los cuales maquinan males en el corazón,
cada día urden contiendas. Aguzaron
su lengua como la serpiente, veneno de
áspid hay debajo de sus labios.
Salmo 140
En 1993, cuando tenía 18 años, José Ernesto Medellín Rojas secuestró, violó y asesinó a Elizabeth Peña de 16 años y a Jennifer Ertman de 14. En 1994 fue sentenciado en el Estado de Texas a la pena de muerte por inyección letal.
En esa misma situación están otros 50 mexicanos, originarios de Michoacán, repartidos en una docena de Estados de la Unión Americana, principalmente California y Texas. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México intervino en el proceso y comprobó que cuando los mexicanos fueron arrestados no se les informó de su derecho a comunicarse y ser asistidos por oficiales consulares de México.
Después de haber agotado todas las instancias y procedimientos jurídicos, la cancillería mexicana llevó el caso a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Holanda, que en 2004 emitió una resolución que establece que Estados Unidos violó la Convención de Viena de 1963 al no informar a los delincuentes que sin demora tras su detención tenían derecho a comunicarse y ser asistidos por oficiales consulares mexicanos.
El presidente George W. Bush, quien durante sus años de gobernador de Texas (1995-2000), firmó 152 ejecuciones, respaldó la decisión de La Haya de que se había contravenido la Convención de Viena y ordenó a los Estados donde están encarcelados los mexicanos que acaten la decisión del tribunal internacional.
La Casa Blanca argumentó que no acatar el dictamen violaría su compromiso con leyes internacionales y perjudicaría la imagen de Estados Unidos en el mundo. Texas se rebeló a esta exhortación y llevó el caso a la Corte Suprema de EU que falló el 25 de marzo de 2008 estableciendo que el Estado de Texas no tiene que celebrar un nuevo juicio al mexicano José Ernesto Medellín Rojas, ratificando su condena a la pena capital.
Dictaminó que el presidente Bush no tiene autoridad para ordenar una nueva audiencia al preso mexicano. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de EU, John Roberts, argumenta que el dictamen de La Haya aplica a la justicia federal, pero no a los Estados de la Unión Americana. La Corte de Apelaciones Criminales de Texas falló a favor de las autoridades estatales y emitió un dictamen para invalidar la petición del presidente Bush.
La portavoz de la Casa Blanca, Dana Perino, dijo que el Gobierno de Bush “está decepcionado” con el resultado, pero lo acepta y lo acatará. Texas lleva la delantera en ejecuciones con 405 muertos por inyección letal desde que se instauró la pena de muerte en 1982.
Actualmente Medellín Rojas continúa con vida debido a las presiones de la cancillería mexicana y de otros países que forman parte de la ONU, y respaldan la resolución de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. El fallo de este órgano judicial de la ONU sienta una jurisprudencia internacional que debe ser cumplida como establece la Carta de las Naciones Unidas en su primera fracción del articulo 94: “Cada miembro de la ONU se compromete a cumplir la decisión de la Corte Internacional de Justicia en todo litigio en que sea parte”.
La sentencia de pena de muerte no se ha cumplido, porque ha prevalecido el principio de respeto a la vida, y el sentimiento de perdón en el género humano, que es más grande que todo el odio que se pudiera albergar por el dolor provocado por los delincuentes, sin embargo no por eso dejamos de pensar que en los delitos de estupro, violación, secuestro, asesinato, pederastia, narcotráfico, incesto de padres con hijos y robo de grandes sumas de dinero, no se debe tener clemencia y aplicar con firmeza el principio del Dios de Israel “ojo por ojo y diente por diente”.
Los sistemas judiciales de Estados Unidos y México son diferentes, y en cada uno prevalece el juicio, a través de sus órganos judiciales, hasta donde el pueblo así lo reclama. Aunque el caso de este mexicano está defendido por las vociferaciones internacionales, no por eso deja de ser culpable de secuestro, violación y asesinato.
Entendemos el clamor de las naciones, pero también compartimos el dolor de las familias afectadas, porque el criminal tiene conciencia de lo que está haciendo. No es el anhelo de los mexicanos la sentencia de pena de muerte, pero no por eso dejo de pensar que los criminales deben de ser juzgados con la espada de Jehová, el Dios de la justicia hebrea: “Y no te compadecerás: vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie”.
